¿Quiénes somos?

Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro. Trabajamos para visibilizar las violaciones a los derechos humanos y para hacer respetar el derecho de acceso a la justicia de mujeres y niñas.  Trabajamos para contribuir a que el Estado cumpla con los compromisos firmados en tratados internacionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres y niñas. Nuestra organización busca concientizar y dar herramientas a la sociedad para hacer valer el respeto a los derechos humanos con enfoque de género, en un marco de profundas desigualdades económicas, políticas y sociales.

 

Nuestro principal objetivo es visibilizar y concientizar a la población sobre las particularidades de la problemática a la que se enfrentan mujeres y niñas por las estructuras verticales de género que permean todos los ámbitos de relación humana. Creemos en la importancia de los derechos humanos como parámetro de exigencia a las autoridades para el respeto a las personas. La vida, libertad e integridad son ejes principales en nuestra observación de los derechos humanos de mujeres y niñas.

 

Mtra. Mara Muñoz Galván, Presidenta         

 

Egresada de la Facultad de Derecho (UAZ), obtuvo la prestigiada beca Chevening,  otorgada por el Consejo Británico en Reino Unido para cursar sus estudios de posgrado, cuenta con la Maestría en Política Social (Universidad de Nottingham) y la Maestría en Sociología (London School of Economics and Political Science). Ha sido profesora de la carrera de sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la administración pública se ha desempeñado como directora del Instituto para las Mujeres de Zacatecas, Asesora del Secretario de la Reforma Agraria del Gobierno de la República Mexicana y Directora Fundadora del Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas. Ha publicado en los principales diarios de circulación nacional en México como Reforma, El Universal y Milenio. Actualmente es consultora de Naciones Unidas en México en temas de democracia, derechos humanos y seguridad. Además es integrante activa de varias organizaciones no gubernamentales y colectivas que trabajan por los derechos humanos de las mujeres y niñas en México.

 

Mtra. Martha María López Ramos, Secretaria     

 

Candidata a Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es maestra en Estudios de género por El Colegio de México. Es Licenciada en Derecho por la UAZ. Ha realizado diplomados en Derechos Humanos y Cultura Jurídica. Ha sido tutora en la Maestría del Programa de Políticas Públicas y Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México. Ha participado en diversas consultorías diseñando programas de igualdad, así como en capacitaciones sobre género, políticas públicas y prevención y atención de la violencia hacia las mujeres en Zacatecas, Morelos, Guerrero, Querétaro y Guanajuato. Fue directora de Diseño y Gestión de Políticas Públicas en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR. Actualmente forma parte del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas.

 

¿Qué hacemos?

 

Nuestra organización surge a partir de la grave crisis por la que atraviesan los derechos humanos en Zacatecas y México, la cual afecta de manera especial a mujeres y niñas. Nos enfocamos principalmente en las siguientes  vertientes:

  • Producir documentos de análisis de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas.
  • Generar análisis espacial de la situación de la violencia contras las mujeres y niñas a través de la elaboración de cartografía temática.
  • Participar en mecanismo de observación ciudadana para asistir técnicamente a algunas entidades del Gobierno para la apropiación del Enfoque Basado en Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas y perspectiva de género, que posibilite releer la política pública en clave de derechos y considerando la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, para incorporar los contenidos de derechos e igualdad sustantiva en las políticas públicas.
  • Acompañar legalmente casos emblemáticos de violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas.
  • Difundir los derechos humanos de las mujeres y niñas entre público especializado y población en general.

 

El Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas se constituye como un espacio de información, intercambio y colaboración, se adapta a las ventajas de las TIC, y su misión es: a) recopilar, tratar y difundir la información, b) conocer mejor la temática sobre violencia contra las mujeres y las políticas públicas establecidas para combatirla, y c) promover la reflexión y el intercambio del conocimiento en red.

 

¿Qué son los derechos humanos de mujeres y niñas?

 

 Formalmente los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización y ejercicio resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen cuatro obligaciones respecto a los derechos humanos: promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. En el Observatorio problematizamos esta definición a partir del reconocimiento de que, si bien son normas abordadas jurídicamente, también tienen implícitas relaciones de poder constituidas de diferentes maneras, en distintos ámbitos y entre distintos actores como los gobiernos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y personas específicas. Más que como algo dado y definitivo, concebimos los derechos humanos como una herramienta de análisis en esas relaciones de poder y como un instrumento en construcción para la acción específica respecto a la violencia contra las mujeres y las niñas.

 

¿Qué es el feminicidio?

 

Desde la teoría feminista se acuñó el término feminicidio por Diana Rusell (1990) para clasificar los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujer. Este término ha tenido gran resonancia en la academia feminista, en el activismo y en la legislación de diversos países, entre ellos México. La primera vez que el feminicidio aparece en una decisión judicial fue en 2009, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos nombró este término en la sentencia de González y Otras (Campo Algodonero) vs México. Dicha sentencia refiere al asesinato por razones de género de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, por cuya violación a los derechos humanos el Estado mexicano fue condenado. A partir del 2012 el feminicidio comenzó a considerarse como un tipo penal en la legislación mexicana, el primer estado en incluir este delito en su Código fue Guerrero. Actualmente todos los Códigos Penales de los Estados han incorporado el feminicidio.

Antes de la incorporación del delito de feminicidio a los códigos penales de las entidades federativas en México, en 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) definió la violencia feminicida en su artículo 21 como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.” Observamos que la definición de violencia feminicida deja un amplio espectro que marca directrices que pueden derivar en acciones integrales que van más allá del feminicidio como acto punible, lo cual no ha tenido resonancia en el terreno de la política pública.

 

Además, esta tendencia a la punibilidad ha dejado de lado la impunidad social que marca la violencia feminicida. Es decir, los estados de la República Mexicana no se han comprometido de la misma manera con la inclusión legal del tipo penal, que con el diseño, implementación y evaluación de una política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. La impunidad social y de Estado en México, conllevan a la inacción ante otros tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, actuando o simulando actuar, por presión social, casi exclusivamente en los casos más graves como el feminicidio, pero privilegiando la visión punitiva del problema.

 

El derecho penal ha sido utilizado en sociedades contemporáneas como un instrumento para el castigo que tienda a inhibir la comisión de delitos. De esta manera se privilegia la opción punitiva sobre otro tipo de medidas para hacer justicia. Esto nos habla de una visión particular y limitada de la justicia, que se traduce en tribunales, castigo y medidas de reparación que poco satisfacen la garantía de no repetición e inclusive la de satisfacción de las víctimas.

 

¿Qué son políticas públicas?

 

Concebimos las políticas públicas de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia como un conjunto de decisiones y actividades que surgen de diferentes actores públicos en interacción con aquellos que no necesariamente son visibles públicamente. Estas políticas están basadas en el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es un problema público que impide el ejercicio de sus derechos humanos y por lo tanto desde los actores gubernamentales se implementan acciones para enfrentar esta problemática. Nuestra tarea radica en observar el contenido de dichas acciones, así como los nudos, retos y desafíos que enfrentan para ser eficientes y eficaces.

 

La política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, está establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, cuyo objetivo es, de acuerdo con el artículo 1, “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Los instrumentos, acciones y recursos que se derivan de esta política pública constituyen uno de nuestros principales insumos para el análisis y la acción crítica.

 

¿Qué es observar?

 

Definimos la tarea de observar en función de examinar o estudiar con atención la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, esto implica advertir, hacer notar, señalar y generar información crítica para la acción que contribuya a la construcción o modificación de esta política pública. En nuestra función de “Observar”, no buscamos una visión perfecta o unívoca, sino que reconocemos la necesidad de diversas miradas para modular y comprender las políticas públicas. Somos una organización abierta a la confrontación constructiva con otras miradas y actores de diferentes lugares y disciplinas porque partimos de la premisa de que esta interacción enriquece nuestro trabajo.

 

¿Qué entendemos por justicia?

 

 Nuestra concepción de la justicia para las mujeres y las niñas tiene un sentido amplio. Para el observatorio, la justicia incluye no solo una respuesta judicial oportuna y con perspectiva de género, sino que debe garantizar la reparación del daño, resultados satisfactorios para las mujeres sobre el proceso, así como el mejoramiento de condiciones estructurales y simbólicas que ponen a las mujeres y a las niñas en desventaja. Por lo tanto, el reto es analizar los derechos de las mujeres en un marco de justicia que va más allá del acceso a procesos judiciales, sino que abarca el ejercicio de los derechos en dichos procesos.